La deuda fue admitida por una de sus firmas Hugo Alconada Mon
LA NACION
Retroceder para avanzar. Esa parece ser la consigna elegida por Lázaro Báez, el polémico empresario patagónico y hombre de confianza de Néstor Kirchner, al acogerse una de sus empresas a una moratoria fiscal por unos 75 millones de pesos y admitir así una cuantiosa evasión de impuestos.
El caso involucra a la constructora Gotti SA, adjudicada al hombre que compartió con Kirchner la última noche de su vida. Según revelaron a La Nacion fuentes de la Justicia, la compañía estaba en una situación muy complicada por la acumulación de evidencias de evasión mediante la utilización de facturas falsas.
Así surge de la investigación judicial, que está dividida en dos tramos: el menor, por cerca de $ 13 millones, quedó en Buenos Aires, en manos del juez en lo Penal Económico Rafael Caputo, mientras que el segundo y mayor tramo, por los $ 62 millones restantes, fue girado al Juzgado Federal con competencia en Comodoro Rivadavia.
Caputo deberá verificar si con el acogimiento a la moratoria la firma Gotti SA cubrió la pretensión fiscal por los impuestos impagos, que en su momento llegaron a estimarse en más de $ 400 millones, en tanto que en Chubut deben primero determinar si aceptan su competencia o devuelven el expediente a Buenos Aires.
Otra empresa vinculada con Báez y sospechosa de evadir unos $ 6 millones, Palma SA, también tuvo novedades en los últimos meses. Entre otras, que la pesquisa en su contra también se envió al Sur, pero en su caso a Río Gallegos. En ese expediente, el contador y álter ego del empresario, Fernando Javier Butti, había sido llamado a indagatoria por esa presunta evasión fiscal.
Gotti SA había quedado bajo sospecha en la megacausa "Viazzo", en la que se investigó a más de 3500 empresas por el uso de facturas falsas para elevar sus gastos, evadir impuestos y, en ciertos casos, esconder sobornos con los fondos negros así obtenidos.
Sin embargo, la controvertida ley de moratoria y blanqueo de capitales que promovió la Casa Rosada provocó que cerca del 50% de las empresas en la mira de los fiscales se acogiera a la posibilidad de pagar sus deudas en cuotas y, a cambio, obtener la extinción de la acción penal cuando completaran el cronograma de pagos.
"Lo que queda ahora es verificar si el monto por el cual se acogió Gotti SA se equipara con la pretensión fiscal y que la AFIP [por la Administración Federal de Ingresos Públicos] informe si la empresa está al día con las cuotas. Si es así, se suspende el proceso penal", detalló un informante de los tribunales del fuero Penal Económico.
Gotti SA podría cerrar así uno de sus capítulos judiciales más incómodos, que incluyó otros múltiples flancos débiles. Entre ellos, con el juez del fuero en lo Penal Tributario, Javier López Biscayart, quien investigó si la constructora dibujó gastos por $ 20 millones a través de las mismas usinas de facturas apócrifas que la firma sueca Skanska, que luego echó a su cúpula local y admitió "pagos ilegítimos" a funcionarios kirchneristas.
En público, sin embargo, la constructora liderada por Sergio Gotti siempre negó sus problemas tributarios. En noviembre de 2008, publicó una solicitada en un diario de Río Gallegos para afirmar que no tenía "ninguna deuda, ni fiscal, ni provisional, ni aduanera" y que no había sido intimada "por parte de la AFIP", lo que calificó de una versión "falaz, capciosa y antojadiza".
VinculacionesDesde Gotti SA, al igual que desde Palma SA, tampoco reconocieron jamás un vínculo societario formal con Báez, aun cuando los registros comerciales reflejan múltiples indicios de la conformación de un grupo empresarial.
Por lo pronto, el ex cajero del Banco Santa Cruz devenido empresario multimillonario y Sergio Gotti conformaron la constructora Austral Construcciones en mayo de 2003, junto con Guido Santiago Blondeau.
Gotti SA y Austral Construcciones comparten, también, al apoderado legal, Roberto Saldivia. La Nacion procuró contactarlo el viernes, pero en su estudio jurídico indicaron que se encontraba de viaje por el resto del mes, fuera de Río Gallegos.
En Palma SA, en tanto, trabaja Diego Palleros, el hijo del traficante del "caso Armas" durante el gobierno de Carlos Menem, quien se encuentra casado con Irene Báez, y en la firma también tuvo un rol decisivo Butti, cuya mujer, Andrea Cantín, sería sobrina de Báez, además de figurar como empleada en el pasado de Gotti y de Austral Construcciones, también habría sido apoderada de otra firma singular, Invernes, que sirvió de prestamista financiera de Gotti SA.
Allí no se acaban los vínculos cruzados que existen entre las firmas. Porque el tercer accionista de Austral Construcciones, Blondeau, fue director titular en Invernes a partir de la asamblea de febrero de 2006. Y ambas firmas compartieron su domicilio en Buenos Aires: están situadas en Pasaje Carabelas 241.
Invernes es conocida en la Patagonia como Inversiones Néstor, en alusión al ex presidente. Pero debe su nombre a un financista con estrechos vínculos con el kirchnerismo, según indicaron fuentes del circuito financiero y comercial. Se trata de Ernesto Clarens, quien figuró en relación de dependencia en la firma entre junio de 2003 y agosto de 2006, de acuerdo con los registros oficiales cuyas copias obtuvo La Nacion.
En la única entrevista que concedió desde la muerte de Kirchner, Báez omitió todo comentario sobre el frente judicial y tributario. Consultado por el diario
Prensa Libre , de su grupo de medios, el 4 de este mes, optó por elogiar a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner: "La jefa es ella"
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